Muy cierto también es que el desinterés por los problemas sociales es una constante de todos los gobiernos nacionales, con esporádicas y nada perdurables excepciones.
Sin embargo, desde el inicio de eta inacabable transición (1989) sigilosas predisposiciones gubernativas primero y desembozadas después, demostraron con encubrimientos, silencios y sentencias verdaderamente aberrantes, un propósito de extinguir los organismos sociales pre-existentes.
Demostrada con hechos, la conclusión anterior nos sirve de pauta para afirmar que el subsiguiente paso sería la desvinculación, en primer lugar, de todo intento gubernamental de crear nuevas políticas sociales, pero si transferirlas todas ellas al capital nacional o extranjero de índole negro o legal.
En el ánimo paraguayo generalizando, existe un murallón para el desarrollo de las creatividades por que siempre han sido frenadas por ciertos grupos muy influyentes de la clase política-empresarial, la que si es creadora del sistema opresivo reinante desde más de medio siglo.
El Estado, principal deudor moroso y contumaz de la primera entidad social, el IPS, mantiene y alienta la veracidad de los factores encargados de la dinámica de la producción y el comercio, abriéndoles disponibilidades infinitas en los fondos sociales y por contraparte niega esas posibilidades necesarias para los sectores medios y mayoritarios que conforman la base de la estructura poblacional productora.
No es pues por ignorancia como pueden pensar algunos pocos, sino que la contención crediticia a la mayoría productora, los altos intereses admitídoles a la banca privada, la falta de seguridad de las colocaciones de la banca oficial y la desatención probada de las cuestiones sociales, bastan para entenderlo como plan para generar corrupción, contrabando y evasión en todas las longitudes y latitudes calculables, de las cuales emergen dinero negro para sectores conocidos.
El camino andado por el gobierno asumido en el 2003 es absolutamente desalentador. La crisis generada por la falta de política desde hace 16 años, está remitiendo al país y a la nación a niveles de desprestigio exterior y miseria interna jamás alcanzada ni concebida dentro de nuestras prediccciones como también da nuestros cálculos de riesgos más pesimistas que ponderábamos antaño.
La democracia que tenemos no es tal, es falsa. Estamos en la obligación de volverla legítima con reparto equitativo de la renta pública y mejor equilibrio en los impuestos, más justicia y discurso de una sola cara. Si somos incapaces para convencer a los errados y privilegiados que nos someten, deberíamos ya empezar a pensar en soluciones más duras, más serias y más honradas.
Ese es un deber que se debe a sí misma la ciudadanía paraguaya.
Stbre.2005
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